junio 01, 2011

El Gobierno de Brasil dice que la polémica represa será una "revolución" para la Amazonía

El Gobierno brasileño afirmó que la construcción de la polémica hidroeléctrica de Belo Monte, que obtuvo hoy la licencia de obras definitiva, supondrá "una revolución económica y social" para la región amazónica. "Habrá una revolución económica y social", garantizó el ministro brasileño de Minas y Energía, Edison Lobão, en una rueda de prensa posterior al anuncio de la concesión del permiso por parte del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama).

Lobão recordó que la obra va a generar 20.000 empleos directos y 80.000 indirectos en la región del estado amazónico de Pará en la que va a ser construida la represa, que comenzará a operar en 2015.
La ministra brasileña de Planificación, Miriam Belchior, anunció que el Gobierno va a tomar una serie de medidas para garantizar que la obra redunde en "mejorar la calidad de vida" de los habitantes de la zona.

"El plan de Belo Monte es el más cuidadoso que hemos hecho. No solo vamos a mitigar los efectos de la construcción, sino también vamos a transformar esos municipios en ciudades con gran calidad de vida urbana", sostuvo Belchior.

Detalló que se van a invertir 3.200 millones de reales (unos 2.000 millones de dólares) en "medidas socioambientales", que incluyen la pavimentación de calles, la construcción de escuelas, ambulatorios de salud y una completa red de alcantarillado para todas las ciudades afectadas en la rivera del río Xingú.

Con la licencia para las obras concedida hoy, Belo Monte queda todavía pendiente de conseguir con el Ibama la licencia de operación.

Lobão reiteró que la obra no va a perjudicar a ninguna de las once comunidades indígenas que viven en la región, puesto que la zona inundada llegará apenas a 31 kilómetros de la tribu más cercana.

Belchior detalló que el próximo viernes se va a instalar un comité gestor encargado de coordinar las responsabilidades sociales de la constructora y de cada uno de los órganos públicos implicados.

Además, el Gobierno va a contar con un "puesto avanzado" en la localidad de Altamira, la más próxima a la central, para acompañar las obras de cerca.

La construcción de la planta, que tendrá una capacidad máxima de 11.233 megavatios, y será la tercer más grande del mundo, ha desatado las críticas de los ecologistas, indígenas y campesinos.

La Fiscalía de Pará presentó varios recursos para detener el proyecto alegando que las licencias han sido concedidas de forma apresurada, sin tener en cuenta los estudios que alertan de graves peligros para la fauna, la flora y la calidad del agua del Xingú, afluente del Amazonas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) también pidió la paralización de las obras por los mismos motivos. EFE

Imagen de Editor DJ

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